La participación ciudadana y los derechos culturales , algunos de los temas.
En 1988 surgió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de un decreto emitido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari; desde sus orígenes, la institución ha vivido en medio de la tormenta, debido a la indefinición jurídica que la ha regido frente a organismos como el Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nacidos por legislaciones.
Desde aquellos días, se han realizado distintos esfuerzos a fin de dotar de estructura jurídica al Conaculta, sin buenos resultados hasta el momento, más allá de un hecho que ha sido señalado como un paso decisivo para resolver los retos de las políticas culturales en nuestro tiempo, con el reciente reconocimiento del derecho a la cultura dentro de la Constitución mexicana, luego de que la 60 Legislatura reformara el artículo 4˚ de la Carta Magna, en el que se establece que el derecho de acceso a la cultura es un esencial e inalienable de todos los mexicanos.
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El Estado tutelará estos derechos.”
Especialistas han urgido a la creación de una ley general de cultura que regule toda la legislación del país en la materia y, con ello, la conformación de una instancia del Estado para coordinar las acciones en este sentido, que podría ser el consejo, tal como funciona en la actualidad, o una secretaría de cultura, lo que permitirá tener un diálogo más estrecho con el Legislativo, tan sólo para la negociación del presupuesto.
Con ese propósito, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para los Foros de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México, concebidos como un instrumento fundamental para garantizar un marco legal en cuya construcción participen legisladores y ciudadanos interesados en los temas culturales.
Si bien existe el reconocimiento de diversos foros que ha realizado tanto el Senado como la Cámara de Diputados, los actuales legisladores decidieron realizar una nueva consulta pública, desarrollada en dos etapas: la primera es la realización de foros estatales, en las 32 entidades federativas; la segunda son los foros regionales, que se inician hoy.
En Mérida, Yucatán, se reunirán legisladores, autoridades culturales del Ejecutivo federal y de nueve estados del país, dentro del Foro Zona Sur; para el 26 de julio estarán representadas diez entidades de la zona norte y el resto lo hará el 2 de agosto, en el Distrito Federal.
Los temas a desarrollarse son múltiples: la participación ciudadana, el ejercicio de los derechos culturales, regulación artística en planes y programas de estudio, patrimonio cultural material e inmaterial, así como responsabilidad cultural de las empresas.
Se trata de elaborar un marco jurídico que defina el destino y conducción de la cultura en nuestro país ha de garantizar que toda persona en México tenga derecho de acceso a la cultura y que ejerza sin condicionamientos o exclusiones sus derechos culturales.
México, D.F.
En 1988 surgió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de un decreto emitido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari; desde sus orígenes, la institución ha vivido en medio de la tormenta, debido a la indefinición jurídica que la ha regido frente a organismos como el Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nacidos por legislaciones.
Desde aquellos días, se han realizado distintos esfuerzos a fin de dotar de estructura jurídica al Conaculta, sin buenos resultados hasta el momento, más allá de un hecho que ha sido señalado como un paso decisivo para resolver los retos de las políticas culturales en nuestro tiempo, con el reciente reconocimiento del derecho a la cultura dentro de la Constitución mexicana, luego de que la 60 Legislatura reformara el artículo 4˚ de la Carta Magna, en el que se establece que el derecho de acceso a la cultura es un esencial e inalienable de todos los mexicanos.
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El Estado tutelará estos derechos.”
Especialistas han urgido a la creación de una ley general de cultura que regule toda la legislación del país en la materia y, con ello, la conformación de una instancia del Estado para coordinar las acciones en este sentido, que podría ser el consejo, tal como funciona en la actualidad, o una secretaría de cultura, lo que permitirá tener un diálogo más estrecho con el Legislativo, tan sólo para la negociación del presupuesto.
Con ese propósito, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para los Foros de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México, concebidos como un instrumento fundamental para garantizar un marco legal en cuya construcción participen legisladores y ciudadanos interesados en los temas culturales.
Si bien existe el reconocimiento de diversos foros que ha realizado tanto el Senado como la Cámara de Diputados, los actuales legisladores decidieron realizar una nueva consulta pública, desarrollada en dos etapas: la primera es la realización de foros estatales, en las 32 entidades federativas; la segunda son los foros regionales, que se inician hoy.
En Mérida, Yucatán, se reunirán legisladores, autoridades culturales del Ejecutivo federal y de nueve estados del país, dentro del Foro Zona Sur; para el 26 de julio estarán representadas diez entidades de la zona norte y el resto lo hará el 2 de agosto, en el Distrito Federal.
Los temas a desarrollarse son múltiples: la participación ciudadana, el ejercicio de los derechos culturales, regulación artística en planes y programas de estudio, patrimonio cultural material e inmaterial, así como responsabilidad cultural de las empresas.
Se trata de elaborar un marco jurídico que defina el destino y conducción de la cultura en nuestro país ha de garantizar que toda persona en México tenga derecho de acceso a la cultura y que ejerza sin condicionamientos o exclusiones sus derechos culturales.
México, D.F.
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